fuente: ladiaria
Comenzó mudanza del Calen, que será sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Ayer
comenzó la mudanza del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen),
dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, del edificio de Bulevar
Artigas y Palmar, local que durante la dictadura fue sede del Servicio
de Información de Defensa de las Fuerzas Armadas. El edificio será ahora
sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo, que comenzará a funcionar luego de que la Asamblea General
nombre, el 12 de abril, a los cinco integrantes de su Consejo Directivo.
El
21 de marzo, antes de que se celebre el acto público en la Asamblea
General en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Gelman, se colocará una placa
recordatoria de las víctimas que estuvieron detenidas en el local. En
tanto, la comisión interministerial encargada de supervisar el
cumplimiento del fallo de la Corte IDH todavía está discutiendo los
contenidos del acto del 21.
Alberto Breccia, secretario de
Presidencia e integrante de la comisión, dijo ayer a Radio Uruguay que
todavía no hay consenso sobre si el texto del discurso incluirá un
pedido de perdón por parte del Estado por las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la dictadura. “La asunción de responsabilidad
por parte del Estado es un hecho acordado, que se va a realizar
inequívocamente conforme lo que establece la sentencia”, explicó Breccia
a la diaria. “Consecuentemente a la asunción de responsabilidad podía
darse, sin que estuviera dispuesto por la sentencia, una solicitud de
perdón institucional, pero eso fue un tema conversado dentro de la
comisión interministerial y con la familia Gelman, y no hay acuerdo al
respecto”, afirmó.
Con presencia
Mientras tanto, varias
organizaciones de la sociedad civil volverán a reunirse hoy para definir
su postura con relación a las candidaturas para nombrar a los
integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos
Humanos. Además del nombre de la fiscal Mirtha Guianze, propuesto por
Familiares y Crysol y el que genera mayor consenso hasta el momento, se
discutirán otros nombres.
El Secretariado Ejecutivo de la central
de trabajadores tomó posición por un candidato cuyo nombre dará a
conocer hoy en la reunión. Según una declaración emitida el martes, de
las personas que integren la institución dependerá que el organismo se
convierta en un instrumento eficaz en la “promoción de todos los
derechos humanos”. “Las personas que finalmente logren las mayorías
parlamentarias especiales que determina la ley 18.446 [que crea la
institución] para integrar dicho organismo tienen una importancia
determinante a la hora de evaluar las posibilidades de que cumpla con
los objetivos que la ley estableció”, señala el texto.
Según
explicó Raúl Olivera, integrante de la comisión de Derechos Humanos de
la central, la concepción que cada uno tenga sobre el pasado reciente
“divide aguas” al momento de definir a los candidatos. “El instituto no
se limita a eso; es más, podría pensarse que va a dedicarse a los otros
derechos humanos que han estado medio olvidados, pero es fundamental el
compromiso que se haya tenido en ese período”, señaló. “Para el
movimiento sindical, que siempre ha desarrollado a todos los niveles una
activa acción contra la impunidad, es determinante la actuación que
llevó a cabo en ese período cada ciudadano que pretenda integrar dicho
organismo”, establece la declaración.
La “legitimación” del
instituto estará dada, según la central, “por la legitimidad que a nivel
de la sociedad civil tengan las personas llamadas a ponerlo en
funcionamiento”, por lo que espera que los integrantes “no sean el
resultado de espurias pujas políticas”. “Un acuerdo político que para
lograr las mayorías necesarias” se realice “a espaldas de la opinión de
la sociedad civil no constituye una buena señal de transparencia y
afecta la independencia que en la letra le atribuye la ley”, sentencia.
Por
su parte, organizaciones de mujeres (Cotidiano Mujer, Mujer Ahora y CNS
Mujeres, entre otras) resolvieron presentar en la reunión de hoy,
además del apoyo a la candidatura de Guianze, cuatro nombres de mujeres
que podrían ser postuladas, para que no sea sólo “una elección
masculina”, explicó Elena Fonseca, de Cotidiano. “El objetivo es que la
sociedad civil esté presente en el nombramiento, para que no se
convierta en algo político partidario”, afirmó.
Una comisión especial integrada por legisladores de todos los partidos políticos recibe, hasta el 7 de marzo, las postulaciones.
Coordinación regional
Luis Almagro informó que en una reunión en Ginebra con la ministra de Derechos Humanos de Brasil le solicitó información sobre víctimas del Plan Cóndor. El objetivo es parte del “derecho a la verdad y que esa aproximación a la verdad sirva para hacer justicia, obviamente”. Agregó que el gobierno también solicitó información sobre el Plan Cóndor a Estados Unidos y Paraguay. En tanto, el PITCNT instó al canciller a que pida información sobre la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, luego de que se supiera, este mes, que la Justicia paraguaya había accedido a archivos de la Armada de ese país.
Tampoco
está resuelto, según indicó, que vayan a estar presentes los
comandantes en jefe de las tres fuerzas, algo que deberá decidir el
presidente José Mujica.
Con respecto a la transmisión del acto, el
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT envió una nota al canciller Luis
Almagro en la que solicita que sea por cadena de radio y televisión y
que luego se difunda en todos los centros de enseñanza del país. Al
respecto, Breccia señaló que Televisión Nacional y las radios del SODRE
transmitirán el acto, pero que no se discutió la posibilidad de hacerlo
en cadena nacional.
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